Más de 8.000 propietarios de VTC reclaman contra el decreto del Gobierno
La asociación de vehículos con conductor Unauto, que representa al 90% del sector en España, ha calculado que se alcanzarán las 12.000 reclamaciones el próximo lunes 31, último día hábil del periodo estipulado para presentar en plazo.
Según ha indicado Unauto mediante un comunicado, esto implicaría que prácticamente la totalidad de los propietarios de VTC habrán completado su reclamación y, por ello, desde la patronal han puesto servicios jurídicos a disposición de todos sus asociados.
La norma fija que dentro de cuatro años les suprimirá la habilitación para dar servicio urbano por parte de las VTC, su principal negocio y con el que compiten con el taxi. La asociación considera que este plazo no es suficiente para amortizar estas licencias.
El presidente de la asociación, Eduardo Martín, ha explicado que tras presentar los recursos, los reclamantes quedarán a la espera de respuesta por parte la dirección general de transporte terrestre, dependiente de Fomento, y asimismo ha advertido de que no descarta recursos contencioso-administrativos e incluso, si es necesario, ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.
“Unauto trabajará para garantizar que el sector, que ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima, puede seguir operando con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena”, ha asegurado.
¿Quién pagará el coste de las autorizaciones restringidas?
Además, la patronal de empresas de alquiler de coches con conductor ha pedido al Gobierno que “deje de engañar a las comunidades autónomas (CC.AA) y los Ayuntamientos“, puesto que serán las responsables de indemnizar económicamente, en el caso de asumir las competencias en esta materia como les ha pedido el Gobierno.
Unauto VTC ha insistido en que el Gobierno debería ser más honesto con estas administraciones, así como advertirles de que cada una tendrá que hacerse cargo del coste de cada autorización que revoquen o restrinjan sus derechos.
Casi 4.000 millones de euros en indemnizaciones
La firma de servicios profesionales Ernst & Young ha estimado que el coste de las indemnizaciones por restringir los derechos de los titulares de estas autorizaciones alcanzarán los 3.800 millones de euros.
Con el real decreto, esta cantidad pasará a repartirse entre las 17 autonomías españolas en función del número de autorizaciones que cada una tenga, lo que provocará que algunas Comunidades como Cataluña acumulen un desembolso de casi 1.000 millones de euros en indemnizaciones.
Martín ha subrayado que “mas de 15.000 trabajadores podrían verse en la calle” de llevarse a cabo la supresión de estas autorizaciones, y asimismo ha denunciado que se esté limitando el derecho a elegir su forma de movilidad a más de siete millones de usuarios de los servicios VTC en el país.
A día de hoy, el sector de VTC aporta 750 millones de euros a la economía española, una cifra que Unauto prevé que podría doblarse para 2020 junto a varios miles de empleos adicionales.
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