Las metas pendientes de los autónomos españoles
Más de 20 medidas que suponen 1.000 millones de euros anuales para los autónomos que cada año vendrán directamente de los Presupuestos del Estado.
Pero lo más importante de estas reformas es que realmente nos van a hacer la vida un poco más fácil, reduciendo los recargos a la Seguridad Social, facilitando las altas y las bajas, permitiendo cambiar de cotización durante el año, posibilitando la desgravación de muchos servicios o dando facilidades a las autónomas para ser madres, entre otras muchas cosas.
Alguien podrá decir que todo esto no es suficiente y yo estoy de acuerdo. Los problemas de los autónomos son muchos más y abarcan multitud de trabas que nos dificultan nuestras actividades. Pero es necesario reconocer que poco a poco vamos dando pasos y que, si recordamos cómo estábamos hace 20 años, la situación ha mejorado bastante.
Pero esto no nos puede llevar a la complacencia.
Tenemos que seguir trabajando para resolver cuestiones que constituyen verdaderos obstáculos en nuestro trabajo y poner el foco en aquellos que aún lo están pasando mal porque la recuperación económica aún no les ha llegado.
Hace unas semanas comparecí ante una subcomisión del Parlamento para seguir exigiendo reformas que nos permitan estar más protegidos y sin que las cotizaciones sociales se conviertan en una carga insoportable.
Consideré imprescindible, en primer lugar, acabar ya de una vez por todas con algunas leyendas urbanas que corren por ahí respecto a nuestras pensiones. Y junto a ello presenté soluciones a los retos de nuestro sistema de protección social.
Lo primero era terminar con la falsedad de que “España es el país de Europa donde los autónomos pagan más a la Seguridad Social”. El porcentaje de lo que un autónomo español abona sobre su base de cotización puede ser ligeramente más alto que en Francia, Italia, Finlandia o Portugal pero nuestras prestaciones son mucho más altas. En España, sobre una base de cotización de 1.000 euros, se paga 298 euros y recibimos una pensión de 750 euros. En Francia se paga 180 euros pero la pensión es de 400 euros. Y lo mismo pasa con el resto de Europa. No digamos lo que sucede en países como Dinamarca, donde la cuota es mucho más baja pero la presión fiscal alcanza el 56 %.
Tampoco es cierto que “en España exista una cuota fija a la Seguridad Social”. Sí es verdad que, desgraciadamente, el 80 % de los autónomos pagan la cuota mínima, la mayoría porque desconoce que pueden elegir una base entre 919,80 y 3.751,20 euros y pagar de cuota entre 298 y poco más de 1.000 euros; es decir, tienen la posibilidad de elegir la cuota que más les convenga. Además, con la nueva ley de medidas urgentes, un autónomo puede cambiar su base de cotización cuatro veces al año en función de que lo que le permitan sus ingresos reales.
Y precisamente porque a partir de enero un autónomo podrá subir o bajar voluntariamente su cuota cada tres meses y adecuarla a sus ingresos, no se deberían explorar otras fórmulas que proponen algunos “expertos” como la de imponer por “el artículo 33” a los autónomos una cotización fija en función de los hipotéticos rendimientos reales que obtienen cada año. Eso es imposible y peligroso. Imposible porque el régimen especial para trabajadores autónomos (RETA) es un sistema muy heterogéneo que incluye a muchas clases de autónomos: unos figuran en el sistema fiscal de módulos, otros son socios de cooperativas; están también los agrarios, los administradores de sociedades, los familiares colaboradores o religiosos de los que Hacienda no conoce sus rendimientos netos reales.
Sólo podría aportar el dato de un millón de autónomos, apenas un tercio del total, y con un desfase de 18 meses desde que presentaron sus declaraciones. Y es peligroso porque imponer tramos de cotización en función de lo que un autónomo ingresa supondría subir de golpe las cuotas al 75 % de los autónomos de este país, lo que probablemente hará que muchos se quejen y se lo piensen a la hora de declarar sus “rendimientos reales” el año siguiente.
También hay que salir al paso de los que dicen que “tenemos menor protección social que en el resto de Europa”. En este momento disfrutamos de los mismos derechos que los asalariados. Es verdad que nuestras prestaciones son inferiores a las de los trabajadores por cuenta ajena, pero es porque la gran mayoría de los autónomos cotiza por la base mínima y la Seguridad Social funciona bajo el principio “tanto aportas, tanto cobras”. Pero incluso pagando la cuota mínima o la tarifa plana de 50 euros, España es el único país de Europa donde los autónomos tienen derecho a la sanidad, a una pensión, a la baja por enfermedad y por accidente; a la maternidad, paternidad, lactancia y riesgo en el embarazo (algo que en Bruselas se está discutiendo para extenderlo a toda Europa y en España los autónomos lo disfrutamos desde hace años), prestación por cese de actividad (que en Francia están barajando copiar), jubilación anticipada y un largo etcétera que abarca las mismas prestaciones que los asalariados. Tampoco existe en todo el mundo un seguro privado que ofrezca toda esa protección a ese precio.
Dicho esto, es necesario que miles de autónomos coticen más para mejorar sus prestaciones actuales y futuras. Aunque ello no debe poner en peligro sus negocios. Y así hemos propuesto que los trabajadores por cuenta propia –cuyos ingresos se lo permitan– puedan realizar aportaciones voluntarias a la Seguridad Social al final de cada ejercicio. Eso les servirá para elevar su base de cotización sin modificar su cuota mensual. Por el contrario, a quienes tengan unos ingresos entre el SMI y la base mínima (919,80 euros) se les deben aplicar unos tipos más reducidos ya que, para ellos, la cuota supone un enorme esfuerzo. Y los que estén por debajo del SMI deberían poder pagar una tarifa de 50 euros durante dos años prorrogables a otro más.
Se debe definir la habitualidad y regular la figura del autónomo a tiempo parcial; se tiene que rediseñar la prestación por cese de actividad de forma que se equipare al paro de los asalariados; es necesario establecer quitas en las deudas con Hacienda y la Seguridad Social cuando liquidamos nuestros negocios; queremos un nuevo régimen especial asimilado al Régimen General para los autónomos societarios; tendrían que calcular nuestras pensiones en función a lo cotizado en toda nuestra vida laboral y no fijar topes máximos a partir de los 47 años; dar seguridad jurídica a los trabajadores autónomos económicamente dependientes permitiéndoles ser ellos quienes se registren como Trades; que las indemnizaciones por rescisión de contrato de estos trabajadores tengan el mismo tratamiento fiscal que las indemnizaciones por despido de los asalariados, y que se mantenga una prórroga en el sistema de módulos para los transportistas.
Hay mucho trabajo por delante, muchas metas por alcanzar. En eso estamos y seguiremos trabajando como hasta ahora. Confiamos que el año que viene, como éste, podamos volver a celebrar nuevas conquistas para los autónomos.
NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.
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