Las empresas deberán tener un registro de salarios
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y ocupación, que será remitido a las Cortes Generales para su convalidación.
La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha considerado que esta norma permitirá mejorar la conciliación familiar y laboral, eliminar la discriminación salarial, reducir la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres y generalizar los planes de igualdad en las empresas.
El Real Decreto-ley amplía los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores.
Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a 16 semanas.
Calvo ha detallado que el plazo para la implantación de esta medida será de tres años “para dar tiempo suficiente a las empresas”. Así, en 2019, serán ocho semanas de permiso, en 2020 doce semanas y se llegará a las dieciséis en 2021.
Sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, Carmen Calvo ha explicado que, actualmente, se sitúa en torno al 23% en algunas áreas de trabajo y que “muchas mujeres no conocen siquiera cuál es la discriminación salarial en la que pueden estar”.
Las empresas a partir de 50 trabajadores deberán llevar un registro de sus tablas salariales
Por ello, y en cumplimiento de la normativa europea, se establece que las empresas a partir de 50 trabajadores deberán llevar un registro de sus tablas salariales, a las que tendrán acceso sus trabajadores y trabajadoras a través de su representación sindical o del delegado de personal.
Las empresas de más de 50 empleados también tendrán que elaborar y aplicar un Plan de Igualdad, lo que supone una ampliación de la obligación recogida en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que solo afectaba, hasta ahora, a las que contaban con más de 200 trabajadores.
Además, la norma incluye la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.
De esta manera, no se interrumpirá la cotización para los trabajadores, fundamentalmente mujeres, que abandonan su trabajo para cuidar de otras personas, lo que después repercute en una pensión más baja, concretamente “entre 300 y 370 euros menos”, ha informado la ministra.
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