El Real Decreto-Ley que regula las VTC entra en vigor este domingo

Esta entrada en vigor se produce un día después de que el BOE haya publicado el Real Decreto-Ley que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y que dispone que, tras un periodo transitorio de cuatro años, las autorizaciones VTC de ámbito nacional quedarán habilitadas únicamente para realizar transporte interurbano.

Este Real Decreto-Ley modifica el aprobado el pasado 20 abril, que, a su vez cambiaba otro de 1987, y cuyo objetivo era “garantizar el adecuado equilibrio entre la oferta de servicios en esa modalidad de transporte y la que representan los taxis”.

De acuerdo con el BOE, en este tiempo se ha comprobado que las medidas “no eran suficientes para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo está ocasionando en los principales núcleos urbanos de nuestro país”.

Desequilibrio entre oferta y demanda

El “rápido crecimiento de esta modalidad de transporte puede dar lugar a un desequilibrio entre oferta y demanda de transporte en vehículos de turismo que provoque un deterioro general de los servicios, en perjuicio de los viajeros”, indica el BOE, que justifica así “la necesidad de que, progresivamente, las regulaciones aplicables al taxi y el arrendamiento con conductor vayan aproximándose en la medida en que ello contribuya a un tratamiento armónico de las dos modalidades de transporte de viajeros en vehículos de turismo”.

Según lo publicado en el boletín, esta problemática se circunscribe “exclusivamente” a núcleos urbanos y “no excede del territorio de la comunidad autónoma correspondiente”, motivo por el que considera que la respuesta a estos problemas “puedan ser eficazmente abordados por la Administración que está en mejores condiciones para valorar las circunstancias particulares de cada ámbito”.

En el Real Decreto-Ley se ha fijado un periodo transitorio de cuatro años, que, según indicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hará que las comunidades autónomas tengan un “tiempo prudente para regular” y que las VTC puedan “tener un tiempo de adaptación o de indemnización, en su caso, para que puedan seguir funcionando en las mismas circunstancias que hasta ahora en estos cuatro años”.

Autorización de las comunidades autónomas o ayuntamientos

Al final del citado periodo, para poder realizar servicios VTC en ámbito urbano, se deberá solicitar la correspondiente autorización a las comunidades autónomas o los Ayuntamientos. Ello no implica, según Fomento, que las VTC de ámbito nacional “pierdan su eficacia”, aunque “solo la mantienen para el transporte interurbano”.

El Real Decreto-Ley habilita a las comunidades autónomas a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.

Dichas modificaciones, ha precisado Fomento, se aplicarán tanto durante el periodo transitorio como tras el mismo.

En lo referente a los servicios urbanos que se presten por titulares de VTC de ámbito nacional durante el periodo transitorio, deberán cumplir las condiciones que establezcan, dentro de sus competencias, las entidades locales sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica.

Es evidente que va a haber recursos, dice Ábalos

Preguntado por las posibles demandas de indemnizaciones, el ministro de Fomento ha indicado que “es evidente que va a haber recursos” y ha indicado que es “probable” que cuando se conozca el contenido del Real Decreto “todos se vayan a quejar”.

No obstante, Ábalos ha defendido los cambios legales aprobados hoy, “blindados jurídicamente”, ya que es una reforma estructural necesaria tras no lograr “resolver nada” la norma de contingentación de 1/30 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

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