El 54% de las empresas españolas ha sufrido un delito económico en los últimos años
El estudio se ha realizado a través de la opinión de más de 3.000 compañías de todo el mundo lo que supone unas cifras que nos sitúan por encima de la media mundial (49%), en línea con los principales países de nuestro entorno, como Reino Unido (50%), Alemania (50%) y Estados Unidos (53%).
El porcentaje de las empresas españolas afectadas por fraudes y delitos económicos se ha visto incrementada en casi veinte puntos de diferencia ya que ha pasado del 35% al 54%.
La razón de estos delitos deriva principalmente de las nuevas tecnologías y, paradójicamente con una mayor implantación y efectividad de los mecanimos de detección y la creciente preocupación en las organizaciones por el fraude económico.
El informe elaborado también abarca los fraudes más frecuentes de las empresas en la que la apropación indebida de activos es el principal delito del que son víctimas las compañías de España, seguido de la corrupción y el soborno, la manipulación contable y el ciberfraude. L
os encuestados también afirman que los delitos derivados de los ciberataques van a ganar peso en los próximos dos años y aumentando tanto el número como el impacto de las organizaciones.
Los daños que propician estos ataques son diversos entre los que se encuentran los costes económicos directos.
En el caso de España el 32% de los encuestados en el estudio asegura haber tenido pérdidas entre 100.000 y un millón de dólares como consecuencia del delito más grave experimentado en los últimos dos años; y un 34% eleva estas pérdidas por encima del millón de dólares.
Por otro lado, se encuentran los costes indirectos como abogados o investigaciones entre otros cuya cuantía es menor. En el último lugar se encuentran los daños que afectan a otros aspectos de la compañía como la reputación o la percepción de los empleados.
El 50% de los encuestados afirma que los delitos económicos provienen de personas internas de la organización
Estos fraudes según el documento de PWC han sido causados según el 50% de los encuestados por personas que se encuentran dentro de la organización, mientras que, el 33% afirma que vienen fuera de la compañía.
En el caso de los fraudes internos, la práctica totalidad los realizan miembros del equipo directivo y cargos intermedios; mientras que, en el caso de los externos las responsabilidades están repartidas entre proveedores (42%), consumidores y clientes (50%), hackers (25%), intermediarios (25%) y competidores (8%).
El socio responsable de Forensic den PWC, Javier López Andreo, afirma que “el fraude, en cualquiera de sus categorías y, en especial, el cibercrimen, ha derivado en nuevas amenazas que afectan a todas nuestras organizaciones, como consecuencia de la vertiginosa rapidez con la que evoluciona la tecnología y la dificultad de las organizaciones en encontrar el equilibrio entre la oportunidad y el riesgo que conlleva”.
También, ha recalcado que en el contexto económico y tecnológico y ante el aumento de los casos de fraude detectados y su repercusión, “es indispensable, seguir desarrollando medidas de prevención que eviten los daños y minimicen la presencia de los delitos económicos en las organizaciones”.
La encuesta ha concluido que el 69% de las compañías españolas han aumentado el presupuesto destinado a luchar contra el delito económico y un 58% tiene previsto seguir haciéndolo durante los próximos dos años. Asimismo, el 75% de las organizaciones afirma disponer de un programa formal de ética empresarial y cumplimiento normativo, frente al 52% que en la Encuesta de 2016 declararon tener implantado el correspondiente programa.
A pesar de estos datos, numerosas empresas carecen de una estrategia de prevención de delito económico como en el caso de España que una de cada diez empresas afirma que no ha realizado ningún tipo de revisión ni evaluación de su exposición al riesgo de comisión de delitos económicos.
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