La deuda de Isolux asciende a 3.830 millones de euros
El informe es relativo al concurso de acreedores declarado por las siete sociedades, la matriz y seis filiales, de Grupo Isolux en julio de 2017.
El documento incluye los análisis de las principales cuestiones relacionadas con los concursos, de la situación financiera de cada una de las sociedades, de sus causas de insolvencia y del detalle y valoración de sus masas activas y pasivas.
El pasivo de 3.830 millones de euros es el resultado de una deuda concursal de 5.695,3 millones, compensada solo en parte por las masas activas de las siete sociedades que alcanzan 1.865 millones de euros.
El perímetro inicial del concurso de acreedores incluye la estructura de servicios centrales de la compañía y casi la totalidad de su negocio en infraestructuras e ingeniería en España y en el resto de países en los que opera.
Se prevé que la evolución y riesgos del concurso llevarán a la necesidad de concursar la mayor parte del resto de Isolux.
A la hora de entrar en concurso el pasado julio, la situación de caja disponible en España era descrita como “muy limitada”, con disponible apenas para cubrir los gastos operativos de un mes, por lo que se calculaba que en agosto ya habría tensiones de liquidez.
Mientras tanto, Isolux contaba con 119 obras con cartera pendiente de ejecutar, de las cuales estaban activas 39 obras (33%) y paradas 80 (67%).
En cuanto al riesgo de avales, que no incluye deuda financiera ni anticipos, ascendía a 213 millones de euros en relación con las obras activas, mientras que las paradas alcanzaban los 276 millones y las terminadas llegaban al importe de 1.125 millones de euros, lo que sumaba un riesgo total de 1.613 millones.
Isolux incrementó sin éxito los proyectos internacionales y el negocio concesional
Según indica la constructora, el diagnóstico tras la declaración de concurso mostraba que no era viable mantener la actividad histórica de construcción del grupo, priorizando la venta, traspaso y la liquidación de proyectos y unidades de negocio.
Las cuatro líneas de trabajo que por aquel entonces desarrolló Isolux contemplaban que era necesario estabilizar la operativa diaria, gestión y supervisión de la tesorería de la compañía; reactivar procesos de venta de unidades de negocio con la ayuda de un asesor independiente; buscar apoyo en los procesos de venta de los activos singulares y evitar la pérdida de valor; y llevar a cabo procesos de reestructuración y cierre de negocios no vendibles, incluidos dos EREs.
Isolux asocia su crisis con la sufrida por España en el sector de la construcción, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior reducción de licitaciones de obras públicas, traduciéndose en una caída del 80% de su actividad entre 2007 y 2012.
De este modo, la organización incrementó “de manera significativa” la contratación de proyectos en el extranjero y la entrada en el negocio concesional.
Sin embargo, los proyectos en otros países no alcanzaron las cifras históricas del grupo, lo que sumado a la reestructuración del sector financiero y la reducción de disponibilidad de avales y de financiación circulante, elevó considerablemente la deuda de Isolux.
Para intentar reducir los niveles de la misma, la compañía llegó a acuerdos con fondos de inversión como Brookfield que no perduraron y tuvieron dos intentos fallidos de salida a Bolsa en Brasil y España.
En los últimos años, la corporación había seguido con el desarrollo de negocios de construcción e ingeniería y de concesiones, mostrando unos ingresos consolidados de más de 2.000 millones de euros por año en 2014 y 2015, cifra que se vio reducida a 750 millones en 2016.
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