Los accionistas mayoritarios de BPA pide a la UE que se resuelva el proceso de la entidad
En un escrito la familia Cierco denuncia la “pasividad y dejadez” con que ha actuado el ejecutivo europeo, que en ningún momento ha advertido de la parcial, precipitada e insuficiente traslación de la directiva europea en el caso de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA), comúnmente conocida como “ley BPA”.
La familia Cierco sostiene que la puesta en marcha de esta normativa ha comportado graves perjuicios a todos los accionistas de la entidad y señalan que “ni se han podido oponer ni se han visto compensados como consecuencia de la privación” del derecho a la propiedad.
El requerimiento a la Comisión Europea que se anunció telemáticamente el pasado viernes y se ha formalizado este martes en Madrid reclama a la Comisión Europea que intervenga para poner remedio a la se califica como “deficiente transposición de la directiva” en calidad de órgano de tutela de la comisión mixta creada por el acuerdo monetario firmado entre la UE y el Principado de Andorra y que ha de velar por el adecuado cumplimiento de dicho acuerdo.
La crisis bancaria llevó al Govern de Andorra y al Consell general a avanzar la transposición
Entre las muchas obligaciones que asumía el Principado firmando el pacto que permitía acuñar euros estaba la de transponer al derecho interno, antes de marzo de este 2018, la directiva que dio lugar a la Ley BPA. La crisis bancaria originada por el “Notice” del FinCEN el 10 de marzo de 2015 llevó al Govern de Andorra, primero, y al Consell General (parlamento andorrano), después, a avanzar la transposición.
En el escrito se recogen las “deficiencias” según la familia que presenta la transposición más allá que en el Acuerdo Monetario -diseñada para reestructurar o resolver entidades bancarias con problemas de solvencia, situación que no se daba en Banca Privada d’Andorra– que dio lugar a la ley BPA.
Esta ley elimina toda responsabilidad a los administradores encargados del proceso de resolución o fija que sólo son los accionistas que ostentan más del 10% del capital social quienes tienen que hacer frente a los cargos que se imponen, un umbral que la directiva comunitaria en ningún caso contempla.
Por ello La familia Cierco ha exigido a la Comisión que proceda a actuar conforme impone el Acuerdo Monetario y verifique la incorrecta transposición de la Directiva informando de este incumplimiento ante el Comité Mixto y, en su caso, ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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