Expertos resaltan que UE favorece colaboración público-privada en servicios
En el acto, que ha contado con la participación de diversos juristas, el exministro de Justicia Francisco Caamaño ha advertido del peligro de ligar los servicios públicos a motivos políticos, en vez de a la eficiencia.
“Es cierto que los excesos de la privatización han llevado a la aparición de depredadores de lo público, a la aparición de la corrupción; pero eso no tiene que derivar en un repliegue absoluto de la administración sobre sí misma, es decir, ni depredadores ni apropiadores”, ha afirmado Caamaño.
El exministro considera que la presencia de empresas privadas en las concesiones públicas puede producir un efecto “pacificador”; en un entorno descentralizado como el español, ya que podrían actuar como reguladores entre administraciones con competencias similares.
El expresidente del CGPJ y del Tribunal Constitucional Pascual Sala ha opinado que la gestión directa de los servicios públicos no debe considerarse como la única posibilidad, puesto que “las administraciones muchas veces tienen limitaciones presupuestarias”; y debe primar en cualquier caso el beneficio ciudadano.
En la presentación se ha destacado que la UE, además de propiciar la colaboración de los sectores público y privado, se muestra a favor de mantener el principio de seguridad jurídica que favorezca las inversiones de larga duración y que propicia.
El catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno ha destacado que “hay una normativa europea del año 2014, que ya tiene efecto en España, que establece unos supuestos para el rescate de concesiones, entre los que ya no está el interés general”.
“El problema que más preocupa es que, de acuerdo con unos pensamientos supuestamente progresistas, se decidan a recuperar servicios pisoteando el trabajo de
años, inversiones, puestos de trabajo”, ha dicho otro de los ponentes, el catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Quintero.
El libro “Servicios públicos e ideología. El interés general en juego”; reflexiona sobre las posibilidades en las concesiones de servicios públicos, primando el beneficio de la sociedad sobre cualquier otro interés, y cuestiona ideas como que el sector privado es más económico o la gestión directa más sostenible.
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