El motivo de esta solicitud se debería, según Fedetaxi, a que “cientos de procedimientos judiciales” podrían haberse tramitado “sin respeto a los derechos de autonomía local recogidos en la legislación de transportes”.

En concreto, la Federación Española del Taxi segura en un comunicado que miles de autorizaciones de arrendamiento con conductor (VTC), expedidas tras su concesión por los tribunales, podrían estar viciadas de nulidad judicial por haberse tramitado “de espaldas y sin conocimiento de los municipios en los que finalmente van a prestar servicio”.

“Consideramos que la legislación de transportes regulaba la solicitud de un informe municipal previo al otorgamiento de las VTC, que no se ha producido en ningún caso, y que ha obviado el derecho de autonomía local en claro favor a empresas y multinacionales que buscan la privatización del servicio público de taxi”, ha asegurado el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.

Esta situación podría suponer la nulidad de las licencias de más de 2.500 VTC en toda España, según ha transmitido la asociación de taxistas a través de sus asociaciones regionales a diferentes ayuntamientos como Madrid, Zaragoza, Málaga o Sevilla el pasado mes de julio y ahora extiende esta solicitud a toda España.

Agotar los recursos legales para evitar el desmantelamiento del servicio público de taxi

La petición de Fedetaxi llega un día después de reunión organizada en Madrid por las asociaciones de taxistas, en la cual acordaron “agotar los recursos legales para evitar el desmantelamiento del servicio público de taxi y su privatización en favor de las multinacionales que patrocina la Comisión nacional de los mercados y la competencia (CNMC)”.

Además, la asociación ha solicitado una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que Fomento incluyó en las mesas de trabajo abiertas tras la manifestación de taxistas , para dialogar sobre el modelo de transporte urbano de futuro y sobre la apertura de un “Libro Blanco de la Movilidad”.

Fedetaxi trasladará a la FEMP sus propuestas de medidas para controlar por los municipios las “múltiples infracciones de las multinacionales y el uso especulativo que puedan estar efectuando con las licencias VTC”.

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