La morosidad empresarial subió en 2015 tras tres años de descensos

Así lo recoge el Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, que han presentado este martes el secretario general de Cepyme, José Alberto González-Ruiz, y el director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI) José Antonio Herce.

El Índice Sintético de Morosidad Empresarial (ISME) se situó al cierre del año pasado en 93,5 puntos, casi dos puntos por encima de 2014.

Sin embargo, el periodo medio de pago bajó hasta los 79,7 días en el último trimestre de 2015 -una reducción de 1,7 días con respecto a los 81,4 días del tercer trimestre-, con lo que alcanzó el mejor registro de los observados durante la recuperación.

Por el contrario, el crédito comercial en mora ha aumentado un 2,8% y supone el 71,3% del total, es decir unos 210.000 millones de euros.

Además, el periodo medio de impago de las facturas denunciadas volvió a repuntar en el segundo semestre de 2015 y alcanzó los 1.069 días, 140 más que el mínimo de 920 días que había en octubre de 2012.

El coste financiero de la morosidad (el derivado de no poder hacer un uso alternativo de la liquidez objeto de impago) que soporta el tejido productivo español se mantiene en torno a los 1.000 millones de euros.

Pese a que se ha reducido en 500 millones de euros desde finales de 2011, ese coste representa un 0,1% del PIB español.

El coste financiero de la morosidad empresarial representa el 0,1% del PIB

Los sectores que soportan más retrasos en el cobro de sus facturas son construcción (92 días) y textil (90,2 días), superiores en 30 días al periodo legal establecido para el pago, que es de 60 días.

En el caso de la construcción ha aumentado en un día con respecto al tercer trimestre del año pasado y en el del textil ha bajado en 10,6.

Las microempresas siguen pagando a sus proveedores antes que las empresas de mayor tamaño.

Las medianas empresas pagan con 7,4 días de retraso con respecto a las microempresas. Estas tienen un periodo medio de pago de 74,8 días, frente a los 80,4 días de las pequeñas empresas y los 82,2 días de las medianas. Todas ellas han reducido los plazos respecto al tercer trimestre de 2015.

En el caso de las administraciones públicas, la Administración General del Estado es la que menos incurre en retrasos en los pagos, con cerca de 15 días por encima del periodo legal, establecido en 30 días en el caso de las administraciones.

El peor comportamiento es el de las comunidades autónomas, con una demora sobre el plazo legal de cerca de 45 días.

Aragón es la región con menor plazo medio de pago (13,4 días por encima del periodo legal de 60 días), mientras que Andalucía y Canarias son los que tienen los mayores, con más de 25 días de retraso.

El informe recuerda que el Gobierno en funciones ha puesto en práctica las medidas correctivas previstas en la Ley de Estabilidad para reducir el periodo medio de pago a proveedores de las comunidades autónomas, y las primeras en recibir sanciones por incumplimiento han sido Aragón y Extremadura.

Añade que en los últimos dos años, con la reducción en los periodos de pago que supuso la creación del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, se ha observado en las entidades locales una tendencia al alza, si bien ha supuesto un “cambio decisivo” para la normalización de los pagos a proveedores.

Así, según el índice elaborado por AFI, que califica los pagos, el número de ayuntamientos con índices de pagos elevado se ha reducido notablemente entre 2010 y 2014.

Los ayuntamientos con mayores dificultades se encuentran en las comunidades del sur (incluida Madrid) y en Galicia, existiendo pequeños núcleos en Cataluña y Asturias.

El ‘stock’ de crédito financiero a empresas ha frenado su expansión en el último trimestre de 2015 y ha vuelto a registrar tasas negativas (del 4,5% en términos interanuales) en el último trimestre de 2015.

Los autores del estudio indican que esta caída se explica por la fuerte desaceleración del ritmo de nueva concesión de crédito y la creciente amortización de los préstamos ya conseguidos. A finales de 2015 el ‘stock’ de crédito comercial era de unos 300.000 millones de euros, frente a los 700.000 que había antes de la crisis.

Además, señalan que, “con casi total seguridad”, en el ‘stock’ de crédito no se observarán tasas de crecimiento positivas hasta bien entrado 2016.

El crédito comercial en mora aumentó un 2,8% en 2015

Herce ha explicado que, pese a que todas las entidades se han volcado con las pymes y las “han puesto en el centro de su estrategia comercial”, la realidad es que con financiación más barata que nunca, hay menos demanda.

No obstante, el crédito de nueva concesión de hasta un millón de euros, destinado fundamentalmente a las pymes, prosigue en fase de expansión, aunque modera su ritmo de crecimiento hasta el 8,8% interanual.

En cuanto a las condiciones de financiación a las pymes españolas, el boletín recoge que durante 2015 se aceleró el proceso de convergencia del tipo de interés al que se financian las pymes españolas al de sus socios europeos, y el diferencial con el tipo medio del área euro se sitúa ya en alrededor de 50 puntos básicos.

Las entidades con mayor peso del crédito financiero a empresas son Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular y Banco Sabadell, según el estudio, cuyos autores han indicado que las empresas están encontrando fórmulas para hacer frente a sus pagos fuera de la financiación bancaria.

El secretario general de Cepyme ha atribuido el repunte de la morosidad a “componentes estructurales”, como la cultura que ha habido de utilizar periodos de pagos muy amplios.

Se ha mostrado partidario de medidas “coercitivas”, pues “si no hay sanciones, no conseguiremos nada”, para que se cumpla con los establecido en la ley, que establece plazos de pago de un máximo de 60 días entre empresas y de 30 días en el caso de la administración.

“Somos partidarios de establecer un régimen proporcional y objetivo de sanciones para retrasos intencionados, que se producen por situaciones dominantes de mercado”, ha añadido González-Ruiz, quien también cree que sería bueno que las situaciones de “incumplimiento permanente” se tipifiquen como “actos desleales”.

Además, se ha manifestado en contra de que se apliquen cláusulas contractuales entre partes que eliminen el 70% de interés de demora a aplicar para los excesos sobre el plazo legal establecido.

Asimismo, ha anunciado que Cepyme tiene también la intención de lanzar un servicio para ayudar a las pymes que se enfrentan a situaciones de impago y no saben a quién acudir.

En cuanto a la petición de la abogada general Eleanor Sharpston al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de que no se oponga la plan español del pago a proveedores, que hizo que las empresas que se acogieron al mismo renunciaran a 3.000 millones de euros en intereses de demora a cambio de recuperar el principal de sus facturas, el director de Economía e Innovación de Cepyme, Carlos Ruiz, ha dicho que les preocupa “el razonamiento jurídico que se ha establecido” y que no lo comparten.

En su opinión, es “abusivo” obligar a un acreedor a acogerse en esas circunstancias y ha manifestado que espera que ese planteamiento no se extienda al ámbito privado, pues se podría producir un abuso de “posición dominante” del deudor frente al acreedor.

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